Adiós a los tiempos de la comida barata

Los ciclos económicos de alza y baja en los precios de los granos básicos presentan una oportunidad histórica para ser aprovechada por los productores hondureños de maíz.
Honduras
- Iván Vásquez

El agro hondureño se encuentra entre el riesgo y la oportunidad ante un incremento de los precios y la demanda mundial de alimentos. Para producir cada kilo de carne de res, cerdo o de pollo que consumirá este día con su familia, se destinaron tres kilos de maíz.
En Honduras se produjo entre 2002 y 2007 un promedio anual de 11.33 millones de quintales de maíz, pero es necesario importar 9.5 millones para procesar alimentos para consumo animal.
Las constantes variaciones de los precios internacionales de los alimentos en los últimos dos años permite proyectar a los economistas locales e internacionales que se terminó el tiempo de la comida barata.
Casamiento
El gerente del Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA), Obdulio Chévez, sostiene que el estimado de la cosecha de maíz y frijol rojo será suficiente para cubrir la demanda interna, pero los precios no se parecerán a los cotizados hace dos años.
La reserva estratégica de maíz registra en la actualidad unos 119,000 quintales y unos 21,000 quintales de frijol rojo, que han permitido mantener el precio de la medida de frijol a 70 lempiras en las tiendas de Banasupro.
A criterio de Chévez, casi 500,000 quintales de frijol correspondientes a la cosecha de primera saldrán al mercado a finales de agosto y a mediados de septiembre. "Es probable que debido a los altos precios de los fertilizantes se cotice el quintal de frijol hasta 1,100 lempiras, pero es muy difícil que ese precio disminuya, porque sería una falta de estímulo para los productores. Creemos que la libra de este grano se cotizaría entre 12 y 13 lempiras", dijo el funcionario.
El ministro de Agricultura, Héctor Hernández, proyecta para este año una producción de un millón de quintales de arroz, pero es muy probable que esa meta tampoco se cumpla, según apreciaciones de los importadores de este grano básico. El promedio anual de producción registrado entre 2002 y 2007 asciende a los 340,350 quintales de arroz.
El gerente del IHMA sostiene que este año se dependerá de las importaciones tradicionales de arroz. El sector molinero comparte ese criterio.
El mercado
El rector de la Escuela Agrícola Zamorano (EAP), Kenneth L. Hoadley, explica que una serie de factores disparan el alza al precio de los alimentos agrícolas, ya sean producidos en el ámbito local o importados.
Entre los principales aspectos se encuentra el incremento del ingreso económico en países emergentes como China, India y Brasil. El consumo promedio de carne registrado entre los 1,313 millones de chinos oscila entre 20 y 50 kilos durante el período comprendido entre 1985 y 2007. Eso quiere decir que cada habitante elevó el consumo de granos en 90 kilos, gracias a un alza en sus ingresos económicos de un 9 por ciento. La India proyecta un incremento de los ingresos en 5.5 por ciento durante los próximos 25 años, eso quiere decir que se demandará más arroz, leche, vegetales y se incrementará en 100 por ciento el consumo de carne y 300 por ciento el de granos. Hoadley explicó que el consumo humano de granos crece en relación a la población, pero el consumo total de granos se eleva con un alza en los ingresos.
Biocombustibles
El rector del Zamorano recordó que Europa y Estados Unidos mantienen su meta a mediano plazo de sustituir un 10 por ciento del consumo nacional de gasolina por etanol, combustible natural procesado con maíz. EE UU destinó en 2002 unos 15 millones de toneladas de maíz para producir etanol y en 2007 convirtieron 85 millones de toneladas del grano amarillo en biocombustibles. Esta cifra superó el total de las exportaciones de EE UU durante el referido año y se tendría que duplicar las cifras para lograr la meta de sustituir el 10 por ciento del consumo de gasolina.
¿Cuánto se pagó?
El precio del bushel de maíz equivalente a 55.48 libras se ha cotizado de manera histórica entre 2 y 2.50 de dólar, pero en julio del presente año superó los siete dólares.
El precio promedio para el bushel de frijol soya ha sido de 5 dólares, pero este año llegó hasta 15 dólares.
El precio del bushel de arroz se cotiza alrededor de 20 dólares, cuando la tarifa tradicional es de 6. El costo del bushel de trigo se cotizó en 7.50, el doble del precio promedio. En las últimas semanas se reporta una importante disminución en el precio de estos alimentos, que coincide con una merma de 30 dólares al precio del barril de petróleo, que en la actualidad se cotiza en 113 dólares.
La estrategia
Hoadley expresó en el marco del Segundo Congreso Industrial, efectuado por la Asociación Nacional de Industriales, que Honduras tiene los rendimientos de producción de maíz más bajos de Centroamérica, pero que en el plazo de tres años se puede sustituir las importaciones de 9.5 millones de quintales de ese grano. Recomienda al gobierno no imponer controles de precio, invertir en investigación y tecnología, así como destinar líneas de crédito para los productores.

Estanflación

31 Julio 2008

El artículo que transcribo al final de este comentario transmite una explicación bastante didáctica sobre la estanflación; sin embargo, y como la economía no es una ciencia exacta debido al componente humano de la misma yo opino que la estanflación actual tiene un “componente muy humano” que no está recogido en el mismo y que se refiere a uno de los Pecados Capitales que más ha alentado el neoliberalismo … ¡la AVARICIA!.

Como he escrito en repetidas ocasiones, las leyes económicas que el bueno de Adam Smith nos legó estaban basadas en las observaciones que hizo en base a la sociedad en la que vivía; pero esa sociedad no es la misma que la sociedad que existe en el siglo XXI en la que se han perdido un montón de valores morales.
Si aplicamos la razón, y esas leyes económicas, ante la caída del consumo [demanda] debería producirse una caída de los precios; sin embargo, no es así. ¿Porqué?.
Para mi, la respuesta no tiene dudas …. ¡por la avaricia de los empresarios que ante la declinación de la demanda, y por ello de las ventas, suben los precios pues quieren obtener, cuando menos, los mismos beneficios. En todo caso está claro que el ¿ libre mercado ? se ha convertido en una farsa.
No hay que olvidar en ningún momento que los precios no sólo están regidos por el binomio demanda-oferta, sino que hay un componente “personal” del empresario que decide el monto del beneficio a obtener con sus productos. Es por ello que la inflación no siempre y no sólo se produce por una presión objetiva de la demanda, sino que por una decisión “humana” del dueño de la mercancía.
Junto a lo descrito se produce frecuentemente una falsedad más al decir que los aumentos salariales producen inflación. Eso podría ser así, tal vez, en los países más desarrollados, pero en los países subdesarrollados en los que el salario es de subsistencia, y por ello la capacidad adquisitiva está bajo mínimos, tal aseveración es un disparate que sólo busca aumentar los beneficios empresariales por la vía del trabajo cuasi esclavo.
Hay que recordar que el fenómeno de la deslocalización de empresas no se produce de una forma caprichosa debida al espíritu aventurero de los dueños de las mismas; se produce, precisamente, por la búsqueda de fuerza de trabajo más barata que proporcione un aumento de las cuentas de resultados de las compañías.
Claro que esa táctica, a la larga, lo que produce es una disminución de la capacidad adquisitiva en los países de origen de dichas empresas, que son, a su vez, los países de destino de las mercancías producidas en otras latitudes ya que los empresarios están deslocalizados para producir pero no lo quieren estar para vender sus productos [una camiseta que les cuesta 5 dólares en donde la fabrican la venden a 50 dólares en sus países de origen]. Esa disminución de poder adquisitivo, que ya se está visualizando en la actualidad por un evidente aumento del desempleo en la mayoría de los países desarrollados, está generando un bajón en las ventas y con ello que muchas empresas enfrenten serias dificultades financieras, que también se comienzan a visualizar con el aumento de las quiebras y las suspensiones de pagos.
Miguel de Arriba
En la cuerda floja de la estanflación
La estanflación -calco del inglés «stagflation», palabra compuesta a partir de «stagnation» (estancamiento) e «inflation» (inflación) indica el momento o coyuntura económica en que, dentro de una situación inflacionaria, se produce un estancamiento de la economía y el ritmo de la inflación no cede. Según ciertos observatorios económicos, ese es ya el cuadro que presenta España, uno de los más difíciles de encarar.
Estanflación es un término que fue acuñado en 1965 por el entonces ministro de Finanzas británico, Ian McLeod, quien, en un discurso ante el Parlamento formuló la siguiente definición: «Es la situación económica que indica la simultaneidad del alza de precios, el aumento del desempleo y el estancamiento económico, entrando en una crisis o incluso recesión».
España no está técnicamente en recesión, situación que requiere encadenar dos trimestre consecutivos de crecimiento negativo, pero sí se encuentra la borde del «crecimiento cero», según el cálculo semioficial que ayer anticipó el Banco de España y que por lo general coincide con el oficial del Instituto Nacional de Estadística. Con la inflación por encima del 5 por ciento y por ahora sin remitir, el diagnóstico se aproxima a la «estanflación», considerado uno de los peores escenarios económicos posibles por la dificultad de su manejo y corrección. Las políticas monetarias y fiscales que suelen utilizarse para dinamizar una economía recesiva empeoran el componente inflacionario de la estanflación y las políticas monetarias restrictivas que se utilizan para combatir la inflación tienden a profundizar y ampliar su componente recesivo.
La estanflación distorsiona completamente los mercados y coloca a los gobiernos y a sus bancos centrales en una posición muy delicada. En la estanflación la recesión suele ser parcial, registrándose simultáneamente el decrecimiento de algunos sectores, como la producción de bienes, junto al crecimiento de otros sectores, como la producción de servicios. Si se trata de una economía relativamente abierta y la inflación viene acompañada de un proceso de devaluación, puede registrarse una contracción de las actividades que consumen divisas y una expansión de las que generan divisas. Esto representa un desafío enorme para las autoridades pues reciben señales mixtas y contradictorias sobre la economía que hacen muy difícil decidir qué políticas aplicar, en qué secuencia y en qué momento tomarlas. «Es lo peor de los dos mundos», dicen muchos economistas.
Aunque las recesiones pueden tener causas internas o externas, la estanflación siempre es de origen interno, «la inflación es siempre y en todas partes un fenómeno monetario» y quienes manejan las monedas soberanas son las autoridades monetarias de cada espacio. En el caso español, como ocurre para toda la zona euro, esa autoridad monetaria no es nacional, sino el Banco Central Europeo (BCE), cuyo mandato primigenio es luchar contra la inflación. La política monetaria está fuera del alcance del Gobierno. La otra herramienta básica de política económica, la fiscal, también está limitada por las obligaciones comunitarias de estabilidad presupuestaria.
En cualquier caso, la estanflación se convierte en un dilema para las autoridades que sí manejan los flujos monetarios, que debe elegir entre las medidas normalmente usadas para incrementar el crecimiento económico y aumentar, por tanto, una inflación o políticas para luchar contra la inflación que reducen la actividad en una economía en situación de paro. Un ejemplo diáfano: la estrategia de reducción de los tipos de interés está generalmente indicada para reanimar el consumo y la inversión y, por tanto, puede contribuir a superar el estancamiento económico, pero a la vez repotencia las tensiones inflacionistas. Otro caso: subir los tipos, como ha venido haciendo desde 2005 el BCE, puede contribuir a contener la inflación, pero coarta la expansión del crecimiento.
Fuente: La Nueva España

Financiamiento agrícola y desarrollo rural

Por: Eloy Ortega Souza

Mucho antes que nos visitara el huracán Mitch se levantaron voces acreditadas llamando la atención de los gobernantes de turno para que orientaran recursos para el desarrollo agrícola y que se urbanizara el área rural; pero, infelizmente ellos han actuado sin visión, de forma huraña y mezquina, sin mostrar real conocimiento de que la agricultura es la columna vertebral de Honduras. Esa falta de visión pone hoy en precario la seguridad alimentaria de la ciudadanía pobre e indigentes, al borde de la muerte por hambre, y otros, ya murieron por esta misma causa.
Con el Mitch, la poca inversión pública y privada en el sector agropecuario y el medio rural fue destruido, haciendo retroceder el incipiente desarrollo de Honduras en cuarenta años (40), este desastre natural destruyó cultivos, infraestructura y miles de productores entraron en crisis financiera, perdiendo sus unidades de producción, aunque los gobiernos de turno emitieron leyes para readecuar las deudas, los productores no recibieron nuevos financiamientos, manteniendo un sector agrícola hasta hoy (2008) postrado, pese al esfuerzo del actual gobierno.
Actualmente, los altos costos de los combustibles, el cambio climático, el desempleo, el bajo poder adquisitivo, el alto costo de los alimentos, la baja oferta de alimentos, la falta de salud y educación, crean un ambiente desfavorable para la garantía de la seguridad alimentaria.
Es urgente hacer permanentemente fuertes inversiones en el desarrollo agrícola y agroindustrial, así como en el medio rural, es importante producir sostenidamente la cantidad y calidad de alimentos que nuestro pueblo necesita, al igual es importante crear oportunidades de empleos.
Para generar oportunidades económicas, se torna imprescindible aplicar un conjunto de políticas de fomento agrícola, rural y financiera, acompañadas, dependiendo el caso, por un aumento del gasto público y que apunten al desarrollo de los mercados rurales, incluyendo el financiero. En este último caso, se trata de construir un SISTEMA DE FINANCIAMIENTO RURAL, más que canalizar recursos financieros en forma coyuntural mediante programas de crédito, como se hizo sin éxito en el pasado.
El gasto público destinado a las áreas rurales debiera ser compatible con su importancia económica y social, a un nivel que permita una inversión en infraestructura, fomento productivo y servicios sociales que genere un ambiente económico favorable en el que se generen oportunidades de inversión que puedan aprovecharse con el concurso del financiamiento comercial público y privado, bancario o no bancario.
Del punto de vista de la demanda por financiamiento la existencia de oportunidades económicas, que generen capacidad de pago, es una condición indispensable, pero no suficiente, también es imprescindible reducir los costos de transacción para los deudores y la oferta de productos financieros adaptados a sus demandas.
Siempre, desde el punto de vista de la demanda por financiamiento la meta es promover la expansión de servicios financieros a las áreas rurales con base en principios de sostenibilidad, eficiencia y productividad.
Es bueno mencionar que el mecanismo del ambiente económico requiere de mecanismos que permitan mitigar o dispensar los riesgos asociados a las actividades agrícolas y rurales, crear seguridad sobre los derechos de propiedad y la utilización de garantías mobiliarias, propiciar condiciones para el cumplimiento de contratos y mantener una supervisión financiera que facilite la expansión de microfinanzas.
Esencialmente con un Sistema de Financiamiento Rural, la red institucional del financiamiento agrícola y del medio rural, exige una permanente revisión y ajustes en la banca pública de desarrollo o comercial, expansión de los servicios financieros de la banca privada comercial y la creación y/o fortalecimiento de instituciones financieras de carácter cooperativo y/o micro finanzas.
Existen distintos modelos financieros exitosos para el desarrollo agrícola que se pueden adoptar, pero lo urgente de lo importante es reconocer que el aumento de la producción interna mediante la inversión en el sector agrícola y el medio rural constituye el camino más promisorio para llegar a la seguridad alimentaria de todos los hondureños. Los principales desafíos que se plantean para la agricultura hondureña en los próximos 30 años consistirán en hacer más competitivo el sector, al tiempo de reducir la pobreza y proteger la base de recursos naturales.
Finalmente, en el futuro, la agricultura seguirá teniendo una función esencial en el crecimiento en cada uno de los aspectos de la actividad económica de Honduras como ser: el PIB, las exportaciones, el abastecimiento de alimentos, la producción de materias primas para el sector industrial y las oportunidades de empleos. Asimismo, para competir en el plano mundial tendrá que esforzarse para convertirse en un productor eficiente, de bajo costo y suficientemente flexible como para reaccionar con rapidez ante los cambios en las circunstancias del mercado. Para ello, habrá que invertir en sector agrícola, en la población rural, en particular su educación y su salud, y desarrollar una infraestructura de mercado, en especial transportes y comunicaciones.
Lamentablemente, hoy por hoy, la agricultura en Honduras es un gigante adormecido es necesario despertarlo y convertirlo en pujante, vigoroso, rentable, respetado y sostenible.

La oportunidad del hambre

Por: Claudio Katz (especial para ARGENPRESS.info)Fecha publicación: 25/07/2008

La celebración de la carestía internacional de los alimentos como una gran oportunidad para la Argentina retrata el clima conservador que instaló la revuelta del agro. Los promotores de este mensaje evitan mencionar el hambre que amenaza a millones de desnutridos en el mundo, ya que resulta difícil asociar esta tragedia con un futuro promisorio para el país. Por eso describen la coyuntura de altos precios mundiales como un regalo que debe aprovecharse, alentando el agro-negocio local con menores impuestos (1). ¿Pero es cierto que el padecimiento de otros pobres favorecerá a la Argentina?Especulación y agro-carburantesComo resulta imposible venderle alimentos a quién no puede pagarlos, ningún agro-liberal piensa exportar a Bangladesh, Pakistán, Haití, Mongolia o Afganistán. Los 1.300 millones de individuos al borde de hambruna por los aumentos de precios, no están en mira de los negociantes argentinos. Se consideran ajenos a la muerte diaria de 24.000 personas por falta de alimentos y al fallecimiento de un ser humano cada cuatro minutos por falta de vitamina A.El honorable exportador supone que estos inconvenientes serán resueltos con acciones filantrópicas de los organismos internacionales. Pero olvida que los 6500 millones de dólares recaudados en la última reunión de la FAO se están licuando por la agro-inflación. Tampoco compara esta irrisoria suma con los 400.000 millones que aporta el Tesoro norteamericano para socorrer a los bancos (2).Estas dificultades son vistas a lo sumo como un daño colateral derivado del bienestar que rodea a los nuevos consumidores de China y la India. Al acceder a una dieta diversificada que incorpora la carne han creado una gran demanda de nutrientes para los animales (3).Pero no es la primera vez en la historia del capitalismo que la mejora de un sector es solventada con la pauperización de otro. En 1943 se registró en la India un gran aumento de la demanda urbana de alimentos que cuadruplicó los precios y provocó la muerte de dos millones de personas (4).La carestía de los últimos meses no obedece al desborde de la demanda. Esta caracterización es una justificación engañosa de los agro-exportadores. Como actualmente se producen tres veces más alimentos que en los años setenta frente a una duplicación de la población, no falta producción para nutrir a todos los habitantes del planeta (5).El encarecimiento actual es un efecto de la especulación financiera de los capitales que se protegen de la caída del dólar, los temblores de Bolsa y el desplome bancario invirtiendo en materias primas. Es la misma tendencia que ha provocado el ascenso del precio del petróleo. Como la burbuja inmobiliaria se pinchó en Wall Street, los fondos se han desplazado al mercado agrícola de Chicago.La tendencia alcista es también una reacción de largo plazo frente al ciclo descendente de 1974- 2001. Pero aumentos tan furiosos en pocos meses reflejan la apuesta financiera. Entre marzo del 2007 y del 2008 el trigo subió 130%, la soja 87%, el arroz 74%, el maíz 53%, como consecuencia de un aumento de los capitales invertidos en los agro-mercados. Este volumen se quintuplicó en la Unión Europea y se multiplicó por siete en Estados Unidos. Los fondos que escapan del dólar y los inmuebles acosan ahora los consumos básicos del Tercer Mundo (6).Otro desencadenante de la carestía son los agro-combustibles. La producción de etanol se triplicó entre 2000 y 2007 y al ritmo actual el 40% de ese cultivo se destinará a la energía dentro de una década. Este viraje constituye un crimen contra la humanidad disimulado por los voceros de la oportunidad argentina. Para llenar el tanque de automóvil con 50 litros de bioetanol se necesita quemar 358 kilos de maíz, que es lo requerido por un niño de México o Zambia para alimentarse durante un año (7).Neoliberalismo y librecomercioLos extremistas del agro-liberalismo atribuyen la inflación mundial de los alimentos al desaliento de políticas estatales de regulación. Culpan especialmente a los ecologistas europeos “que resisten la introducción de variedades genéticamente modificadas”, a los países que “aún no privatizaron en gran escala la tierra” y a las normas que restringen la concentración de propiedades, perpetuando “los minifundios en Africa”. Plantean un curioso diagnóstico de hambre por ausencia y no por efecto del capitalismo (8).Pero es absurdo atribuir el desastre en curso a la insuficiente vigencia de este sistema en plena era neoliberal. El drama actual es consecuencia directa de esta modalidad furiosa de capitalismo, que propició la expansión del libre-comercio mediante las nuevas reglas de la OMC.Para que Europa y Estados Unidos pudieran descargar los excedentes de alimentos acumulados desde los años 60 se estimuló la desregulación. Y como las políticas de subsidio al recorte de producción no alcanzaron para frenar la caída de los precios provocada por esa sobreproducción, impusieron una virulenta apertura mundial de las importaciones.Las naciones periféricas fueron empujadas, además, a especializarse en cultivos comerciales de exportación, en desmedro del abastecimiento local. Un alto número de países quedó transformado en comprador neto de productos básicos. Egipto perdió definitivamente su condición de antiguo granero, Indonesia su lugar pionero del arroz y México su viejo papel como bastión del maíz. Las prósperas regiones de granos del Africa (Zimbabwe, Malawi o Kenia) también sufrieron una devastadora liquidación de cultivos locales.Esta andanada afectó también a países medianos como India, ya que la OMC exigió la eliminación de la “distorsión del mercado” creada por las reservas nacionales de alimentos. El principio liberal de especializar a cada economía en sus ventajas naturales se transformó en un dogma de adaptación de cada país a cierto cultivo peculiar. En este nuevo reparto de funciones a la Argentina le ha tocado producir soja.Esta preeminencia de políticas neoliberales ha potenciado la rentabilidad como guía excluyente de la actividad agrícola. Con este principio se prioriza el uso de los alimentos para animales a costa del auto-abastecimiento. En México se destina por ejemplo a esa finalidad el 66% de la producción y solo el 34% restante es utilizado para nutrir a 100 millones de habitantes. Con el mismo patrón del beneficio se desmanteló la agricultura de subsistencia en Costa Rica, México, Haití y El Salvador y se generalizó el uso de herbicidas, insecticidas y fertilizantes que destruyen la biodiversidad.El libre-comercio y la especialización exportadora son la antítesis de la eficiencia. No hay nada más alejado de la organización racional de la producción que el sometimiento de la actividad agrícola al derroche actual de gastos de transporte, envoltorio y publicidad. Esta dilapidación asume formas escandalosas en los países desarrollados (9)-El festejo local del agro-liberalismo frente a este terrorífico escenario, simplemente reproduce la algarabía que reina entre las grandes corporaciones. Las ganancias de estas sociedades han creado una euforia que no comparten los hambrientos. Sólo los beneficios de las seis principales comercializadoras y proveedores de semillas treparon entre el 30 y el 77% durante el último trimestre del 2007 (10).Quiénes suponen que estos beneficios también constituyen “una excelente noticia para Argentina” imaginan que el destino del país depende de la bonanza de estas corporaciones. Sólo olvidan que en el mejor de los casos esos lucros serán acaparados por los socios locales de esas empresas.Conflictos y programasPara la mayoría de los argentinos el agro-liberalismo implica regresión social, afianzamiento de la mono-producción y especialización en alimentación de animales, es decir en la escala más baja de ese circuito. Esta inserción limita incluso el poder de negociación de las clases dominantes locales, frente a la expansiva tendencia global del agro-negocio.Muchos fondos financieros internacionales (como Black Rock) compran tierras en gran escala en distintas zonas del planeta, para implementar el pasaje de un cultivo a otro en función de los precios de cada producto. Como en comparación a la industria el nivel de extranjerización de la propiedad agrícola en la Argentina es bajo, estos grupos financieros han puesto la mira en el país.Esta amenaza se añade al viejo conflicto argentino con los subsidios al agro que Estados Unidos y Europa implementan, mientras defienden el libre-comercio para el resto de la humanidad. Esta duplicidad determina un choque con las clases dominantes locales, que se acentúa al compás de la crisis alimenticia. Han sido estas tensiones (y no la política de los Kirchner), el detonante de los recientes enfrentamientos comerciales con las grandes potencias en las reuniones de la FAO.La suposición que el país permanecerá como una isla de prosperidad, en un escenario mundial de hambruna es una típica fantasía argentina. Dado el carácter periférico de la economía nacional y su elevado nivel de endeudamiento es ilusorio suponer que podrá salir airoso de una hambruna global.Los voceros del agro-liberalismo difunden esta creencia, para propiciar aumentos de la producción agraria basados en bajos impuestos. Afirman que el auge de la exportación no encarecerá los alimentos dentro del país, en la medida que la abundancia permita subsidiar los consumos locales y facilite la distribución gratuita alimentos (11).Pero esa iniciativa podría implementarse de inmediato. Dado que hay 2 millones de hambrientos frente a una producción que permite nutrir a 400 millones de personas, la distribución gratuita que proclaman para el futuro podría concretarse sin dilaciones. En lugar de un lock out patronal con derrames de leche podrían regalar carne, pan y verduras. Si no practican esa filantropía en la actualidad, tampoco la implementarán cuándo acumulen mayores beneficios.Una solución favorable para las mayorías populares transita por otro camino. Argentina puede jugar un papel significativo en la gestación de un modelo mundial de seguridad alimentaria, basado en el reestablecimiento de las reservas y la instrumentación de mecanismos de estabilización de los precios, en un marco de inmediata detención de la producción de agro-combustibles (12).Este curso requeriría controles coordinados de abastecimiento, producción y comercialización, tendientes a regular los mercados de granos, para erradicar el sistema de fondos de inversión en commoditties que provocan la hambruna actual. Obviamente de estas iniciativas no se habla en el FMI o la OMC, pero podrían desenvolverse entre los países y las organizaciones que rechacen el agro-negocio.La fijación del precio de los alimentos por las Bolsas es un crimen. Las cotizaciones de estos bienes públicos deberían quedar establecidas en negociaciones entre naciones. En la UNCTAD ya existen siete métodos para fijar cotizaciones por esa vía, pero las grandes corporaciones bloquean su implementación.La soberanía alimenticia es un derecho inalienable. Los países deben decidir en forma coordinada qué se cultiva y de qué forma. En defensa de estos principios, Argentina podría ejercer una gran influencia internacional. Pero este rumbo supone una política popular muy distante de las propuestas del ruralismo y el gobierno.

Notas:1) “La solución al problema de los altos precios mundiales radica en asegurar altos precios para los exportadores locales”, Huergo Héctor, “El mundo ofrece una oportunidad, Clarín, 2-6-08.2) Los alimentos que en marzo pasado la ONU adquiría a 460 dólares ahora se compraban a 780 dólares, Página 12,16-5-08.3) Un kilo de cerdo requiere cinco kilos de alimentos balanceados para abastecer un consumo que se ha modificado significativamente. Los 20 kilos de carne que en promedio al año comían los chinos en 1985 se han elevado en la actualidad a 50 kilos (Clarín, 20-4-08).4) Amartya Sen, “Cuándo la prosperidad trae hambre, Clarín, 30-5-08.5) La producción mundial de grano creció en 2007-08 un 4,7% respecto al 2006-07, superando el 2% de crecimiento promedio de la década pasada, (Página 12, 25-5-08). Según FAO hay productos suficientes para alimentar hasta 12.000 millones de personas en un futuro próximo, (Página 12, 1-6-08).6) Hay un vuelco de fondos de inversión en materias primas que en el año 2000 manejaban 50.000 millones y ahora gestionan 200.000 millones, Página 12, 25-5-08, La Nación, 22.3.08.7) Clarín, 30-5-08.8) Alemán Juan, “Las causas de la escasez mundial de granos”, La Nación, 2-6-08. 9) De acuerdo a informaciones recientes en los supermercados de Inglaterra se desechan alimentos por 21 mil millones de libras, que serían suficientes para neutralizar el hambre de Africa durante todo un año, Clarín, 1-6-08.10) Las ganancias de Cargill aumentaron 83% en últimos meses y ya habían subido 36% en 2007. El 80% del comercio mundial de cereales es manejado por Cargill, ADM. ConAgra, Bunge y Dreyfus, pocas firmas controlan el movimiento de semillas transgénicas y agro-tóxicos (Monsanto, Bayer, Syngenta, Dupont, BASF y Dow controlan). Solo dos grandes grupos que procesan alimentos (Nestlé, Unilever) y sons contadas cadenas que los distribuyen en gran escala (Wal Mart, Tesco, o Carrefour). En total son una decena de corporaciones y 40 compañías aliadas que dominan todo el circuito de granos, carnes, lácteos, aceites, azúcar -cacao y bebidas Jalife-Rahme Alfredo. “Seis trasnacionales controlan granos y cereales” La Jornada, 23-4-08.11) De las Carreras, Alberto, “Los alimentos en el mundo”, La Nación, 4-6-08.12) Es la propuesta que desarolla Wim Dierckxsens, “Especular con alimentos” (Página 12, 25-5-08.

Pronostican una escalada de costos de la producción agrícola

Economia
Estados Unidos
Fecha publicación: 24/07/2008
La subida de los precios de la energía resultará en un notable incremento de los costos de producción del maíz y los frijoles durante el próximo año, recortando así los beneficios de los agricultores y aumentando aún más si cabe los ya disparados precios de los alimentos, según advirtió un estudio de la Universidad de Illinois publicado el miércoles.Los costes para establecer los cultivos en el terreno crecerán en torno a un tercio de su precio actual en 2009, debido al incremento del precio de los fertilizantes, de un 82 por ciento en el caso del maíz, y en un 117 por ciento para los frijoles, apuntó Gary Scnitkey, un economista agrícola de esta universidad.'Aproximadamente el 80 por ciento de lo que cuesta producir nitrógeno fertilizante procede del gas natural, y como los precios del gas natural han subido, así ha ocurrido con los costes de estos productos', indicó.'El fósforo y el potasio hay que extraerlos, y como los costes de la energía han subido, los costes de la minería también lo han hecho', añadió.Junto al fertilizante, los agricultores también sufrirán el aumento de los costes de las semillas y el combustible para sus tractores y otra maquinaria, adelantó el estudio.Por ejemplo, la investigación pronosticó unos costes de producción de maíz no relacionados con la tierra de hasta 529 dólares cada acre (0,4 hectáreas) en 2009, un 36 por ciento más que en 2008, y casi un 85 por ciento más que la media de 286 dólares por acre registrada entre 2003 y 2007.Sin embargo, con la subida de los precios de los bienes de primera necesidad, el incremento de los costes de producción sólo debería disminuir los beneficios de los agricultores, pero nunca dejarles en números rojos, subrayó Schnitkey, quien cree que el sector logrará de nuevo sólidas ganancias en 2009.Mientras los agricultores podrían absorber algunos de los costes añadidos, Schnitkey indicó en el estudio que los consumidores deberían esperar unos precios más altos en productos que van desde los cereales o los jarabes hasta la carne de vacuno alimentado con grano.'No va a haber una reducción de vuelta a los precios de los alimentos más bajos mientras siga habiendo unos altos costes de producción', indicó.'Los precios de la energía están en el origen de todo lo que está sucediendo y que al final acaba por afectar al consumidor', declaró.

¿Quiere bajar la producción? ¡Use transgénicos! Por: Silvia Ribeiro (ETC) Fecha publicación: 22/07/2008

Monsanto declaró a la prensa de México en días pasados, que la próxima publicación del llamado “Régimen Especial de Protección del Maíz”, le permitirá iniciar experimentos con maíz transgénico. Qué ironía histórica que tal régimen, en lugar de proteger al maíz y sus pueblos, es otro regalo que le hace el gobierno a las transnacionales que han privatizado las semillas, llave de toda la red alimentaria y patrimonio campesino legado a la humanidad. Para colmo: ¡producen menos!El argumento de las autoridades, haciéndose eco de las empresas, es justamente que los transgénicos son necesarios -pese a los múltiples impactos culturales, ambientales y a la salud que conllevan- porque aumentarían la producción agrícola. Un argumento que frente a la crisis alimentaria han recogido muchos otros gobiernos e instituciones. Sin embargo, esta afirmación es falsa.En abril del 2008, la Universidad de Kansas publicó un estudio que demuestra, tras analizar la producción del cinturón cerealero de Estados Unidos durante los últimos tres años, que la productividad de los cultivos transgénicos (soya, maíz, algodón y canola) fue menor que en la época anterior a la introducción de transgénicos. La soya muestra una disminución de rendimiento de hasta10%. La productividad del maíz transgénico fue en varios años menor y en algunos igual o imperceptiblemente mayor, dando un resultado total negativo comparado con las variedades convencionales. También muestran menor rendimiento la canola y el algodón transgénico tomados en períodos de varios años. (Y en todos los casos, las semillas son más caras que las convencionales, por lo que el margen ganancia de los agricultores también es menor)Este estudio corrobora varios anteriores. En 2007, la Universidad de Nebraska encontró que la soya transgénica de Monsanto producía 6 % menos que la misma variedad de la empresa en versión no transgénica y hasta 11 por ciento menos que la mejor variedad disponible de soya no transgénica. Otros estudios, incluso uno del Departamento de Agricultura de Estados Unidos en abril 2006, muestran resultados similares. Definitivamente, los transgénicos no son más productivos.La razón principal, explican los estudios, es que la transgenia altera el metabolismo de las plantas, lo que en algunos casos inhibe la absorción de nutrientes, y en general, demanda mayor energía para expresar características que no son naturales de la planta, restándole capacidad para desarrollarse plenamente.La explicación de Monsanto frente al estudio de la Universidad de Kansas, fue que “los trangénicos no están diseñados para aumentar la productividad”. (The independent, 20/4/08)Monsanto, Dupont-Pioneer y Syngenta, son las tres empresas más grandes del mundo en transgénicos, y también en todo tipo de semillas comerciales. Monsanto controla casi el 90% de las semillas transgénicas, y juntas controlan el 39 por ciento del mercado mundial de todas las semillas, y el 44 por ciento de las semillas bajo propiedad intelectual.¿Por qué entonces estas empresas -que también son dueñas de las semillas híbridas no transgénicas - insisten en vender sus semillas que producen menos y requieren más agroquímicos? En parte porque son además grandes fabricantes de agroquímicos, pero sobre todo porque todos los transgénicos son patentados y por ello, la contaminación se convierte en un gran negocio.Las semillas híbridas también se cruzan con variedades nativas. Pero son cruzas de maíz con maíz, a diferencia de los transgénicos, donde la cruza contamina genes de bacterias, virus o cualquier otra especie con la que haya sido manipulado. Pero la diferencia fundamental para las empresas, es que con los transgénicos, la contaminación es un delito imputable a las víctimas.Cualquier campesino o agricultor que sea contaminado o que use las semillas transgénicas que le compró a Monsanto y las vuelva a plantar (o sea, ejerza el “derecho de los agricultores”) usa su patente sin permiso y está cometiendo un delito por el que puede ser demandado.Monsanto ya cobró más de 21,500 millones de dólares por juicios contra agricultores en Estados Unidos (Center for Food Safety). Ahora acaba de iniciar un juicio más agresivo, contra toda la cooperativa de agricultores Pilot Grove Cooperative Elevador Inc. de Missouri. Según Monsanto, no le pagan suficientes regalías. El agricultor David Brumback, que se autodefine como “fiel comprador” de los transgénicos de Monsanto hace años, expresa su rabia y afirma que “para Monsanto todos somos culpables”.(CBS 4 Denver, EUA, 10/7/08). Esto les espera a los agricultores del Norte de México, que piden maíz transgénico. Y también a los que no lo quieren y se contaminarán.Una vez en el campo, la contaminación transgénica es inevitable, es solamente cuestión de tiempo. Las medidas que plantea el vergonzoso “régimen de protección” que esgrimen las secretarías de medio ambiente y de agricultura en México (Semarnat y Sagarpa) no sólo son limitadas e ignorantes. Directamente no tienen sentido, porque nunca se repetirán en condiciones reales en los campos de los agricultores si se aprobara el cultivo comercial.Los llamados “experimentos” son otra falacia, como la Ley Monsanto (ley de bioseguridad), para legalizarle a las transnacionales la contaminación generalizada y la caza de agricultores, contra los intereses del campo, contra el corazón de los pueblos y a costa del patrimonio genético más importante de México.

Una Reflexión sobre los estudio de pobreza rural y estrategias de desarrollo en América Latina Cristóbal Kay

Nueva Ruralidad: ¿Sobrevivencia o acumulación?

El concepto de ‘nueva ruralidad’ se ha estado usando crecientemente desde la década pasada en el contexto latinoamericano, especialmente para el análisis de la pobreza, aunque no siempre para ello. ¿La nueva ruralidad de América Latina provee medios para salir de la pobreza?, o por el contrario ¿contribuye a la continuación de ésta? Para responder esta interrogante es necesario tomar en cuenta que el término nueva ruralidad se usa en dos sentidos.16 Su uso más común se refiere a la caracterización de las transformaciones experimentadas por el sector rural principalmente como consecuencia del proceso de globalización y la implementación de las políticas neoliberales.17 Los cambios más significativos se refieren a la creciente multi- o pluriactividad de las unidades domésticas campesinas, las cuales están involucradas en una cada vez mayor variedad de actividades agrícolas y no agrícolas, como la artesanía, los servicios, el comercio y el turismo. Algunos miembros de la unidad familiar también trabajan como obreros asalariados en empresas agroindustriales locales, construcciones de caminos o viviendas, granjas capitalistas, entre otros. Crecientemente las mujeres han sido atraídas al mercado de trabajo, aunque a menudo precariamente y percibiendo bajos salarios. Este desplazamiento al trabajo asalariado quizá resulte en migraciones temporales o de más amplia duración a otras áreas rurales, o tal vez a las áreas urbanas e incluso a otros países. Quienes emigran envían remesas a los miembros de sus familias campesinas. Así las actividades y las fuentes de ingreso de las familias campesinas se han vuelto muy diversificadas.
Mientras algunos analistas ven estas transformaciones como una vía para salir de la pobreza y hasta como un mecanismo para la acumulación de capital y el enriquecimiento, otros las visualizan como meras estrategias de sobrevivencia de las familias campesinas, las que enfrentan crecientes dificultades al competir con las importaciones baratas de alimentos y con los agricultores capitalistas locales. En contra de los argumentos a favor de la globalización y la liberalización, los campesinos tienen generalmente dificultades de reconvertir su producción hacia las exportaciones no tradicionales (flores, frutas, verduras y fríjol soya) las cuales se han vuelto más rentables. Así, los campesinos resultan exprimidos por las políticas neoliberales, ya que por una parte no pueden competir con las importaciones alimentarias baratas (especialmente si existe un tratado de libre comercio en su país), y por otra parte no se benefician de las nuevas oportunidades de exportación debido a la falta de capital y economías de escala, conocimientos técnicos, habilidades de mercadeo, etc. Para que los campesinos cosechen los beneficios de la globalización y la liberalización, el Estado debe tomar medidas especiales a favor de la agricultura campesina que permitan remover los obstáculos señalados. Sin embargo ha sucedido todo lo contrario ya que el cambio a las políticas neoliberales ha arrasado con las escasas medidas de protección y apoyo que el Estado otorgaba a algunos campesinos en el período de sustitución de importaciones, como crédito, asistencia técnica, e incluso tierra en aquellos países que realizaron reformas agrarias.18

16 Estos dos significados de ‘nueva ruralidad’, que a menudo no están claramente distinguidos en la literatura, están bien representados en las excelentes colecciones editadas por Giarracca (2001), Pérez et al.
17 De acuerdo con Sergio Gómez (2002) la mayoría de los aspectos de la llamada ‘nueva ruralidad’ estaban ya presentes antes del cambio neoliberal. El sostiene, con algo de ironía, que lo que resulta nuevo es la tardía percepción de estos cambios por los analistas.
18 Max Spoor (2001 y 2002) ha mostrado que el desempeño de la agricultura había sido mayor bajo la ISI que después de la liberalización. La discriminación de precios contra la agricultura durante la ISI fue compensada por las medidas de soporte favorables que principalmente favorecieron a los grandes agricultores pero también beneficiaron algunos pequeños propietarios. Los pensadores neoliberales han fallado de tomar totalmente en cuenta estos hechos en su crítica del ISI, ver Krueger, Schiff y Valdés (1991), así como Schiff y Valdés (1998).


Una manera menos común de usar el término ‘nueva ruralidad’ es la que se refiere a las propuestas de política diseñadas por aquellos analistas que pretenden superar las consecuencias negativas del neoliberalismo sobre los campesinos y aspiran a implantar políticas alternativas al neoliberalismo. La agenda de los nuevos ruralistas consiste en animar un proceso de desarrollo centrado en la agricultura campesina, la sustentabilidad, la equidad, la participación social, la descentralización, el desarrollo local, el empoderamiento (especialmente de las mujeres), el empleo rural (especialmente para los jóvenes), la agricultura orgánica, la calidad alimentaria, la mayor diversidad, la promoción de la competitividad y los nuevos nichos de mercado, entre otros empeños (Barkin, 2001).
Aunque simpatizo plenamente con los propósitos de esta visión de la nueva ruralidad, especialmente debido a su atención sobre el campesinado y por lo tanto sobre la eliminación de la pobreza rural, una de sus debilidades estriba en que sus proponentes no especifican cómo pretenden alcanzar tan diversas metas. Los defensores de la nueva ruralidad no son suficientemente explícitos en establecer la medida en que el Estado debería involucrarse para alcanzar dichos propósitos. Esto quizá se debe a que algunos de ellos desearían que la mayoría de las iniciativas, si no todas, vengan desde abajo. O quizá no quieren admitir que el costo de dichas alternativas políticas sería extremadamente alto y difícil de soportar para el Estado, que por esta razón se vería imposibilitado para llevarlas a cabo. Otra falla de su análisis es que algunos de sus propósitos resultan contradictorios, como por ejemplo el aumento de la competitividad y la sustentabilidad ambiental. Por lo tanto estas propuestas para una nueva ruralidad alternativa enfrentarían obstáculos económicos y políticos mayores.

Estrategias de vida rurales: ¿Paradigma emergente?

A inicios de la década pasada el enfoque de las estrategias o modos de vida rurales emergió como una manera de superar los defectos de las teorías comunes del desarrollo rural, que eran consideradas demasiado economicistas (como en la visión neoclásica) o demasiado estructuralistas y deterministas (como en la visión marxista). Algunos estudiantes preocupados por la pobreza sienten que es necesario un nuevo enfoque para entender mejor la pobreza rural.

19 Para una buena exposición del enfoque de modos de vida rurales, ver Bebbington (1999) y Ellis (2000). Para una aplicación de este enfoque al contexto latinoamericano, ver Zoomers (2001) y Bebbington (2004b).
20 Uno de los pioneros del enfoque de los modos de vida, como también de las acciones de investigación participativa es Robert Chambers, quien está adscrito al IDS, ver Chambers (1988) y Chambers y Conway (1992).
21 Ver la página web del DfID, www.livelihood.org; para América Latina ver el útil sitio web del Grupo Chorlaví, www.chorlavi.cl que tiene mucho material sobre pobreza rural y modos de vida.


El enfoque de los modos de vida rurales para algunos resulta de alcance interdisciplinario y otorga importancia a los medios con que cuentan los actores, como puede ser la habilidad de los campesinos y trabajadores rurales para construir sus propias estrategias de sobrevivencia.19 Se trata de un enfoque que se viene usando crecientemente en el análisis de la pobreza, especialmente por estudiantes de instituciones como el Instituto de Estudios sobre el Desarrollo (IDS por sus siglas en inglés) de la Universidad de Sussex20 y la Escuela de Estudios sobre el Desarrollo de la Universidad de East Anglia, así como por organizaciones no gubernamentales como Oxfam y por agencias de desarrollo gubernamentales como el Departamento para el Desarrollo Internacional (DfID) del gobierno laborista británico.21 Este enfoque ve a la pobreza como un hecho multidimensional y no simplemente como un déficit, sino que también puede ser un recurso. Así los pobres rurales no son vistos como víctimas pasivas e indefensas del sistema capitalista y el proceso de globalización, sino como sujetos que construyen sus propias estrategias de vida echando mano de una variedad de recursos. Entre estos recursos está el capital social, que particularmente en momentos de apremio extremo ayuda a los pobres rurales a sobrevivir resguardándose en la solidaridad de sus redes sociales y sus organizaciones comunitarias (Nederveen Pieterse 2001, 100-101 y 123-126). Sin embargo, el enfoque de las estrategias de vida rural mientras enfatiza las habilidades de los pobres también está enterado de las limitaciones del capital social y otorga la debida importancia a las otras formas de capital, especialmente a la falta de activos y al acceso limitado a los recursos naturales. En este sentido supera algunas de las limitaciones de analistas que confían casi exclusivamente en la noción de capital social, que exagera su importancia como un recurso que los pobres pueden movilizar para sus estrategias de modos de vida. Además, el rico tiene mucho más acceso que el pobre tanto al capital social como al ‘capital político’ y así el problema de la desigualdad persiste, sin tocar la pobreza.
A pesar de sus ventajas, una limitación mayor del enfoque de las estrategias de vida rural es que no considera la dimensión del poder, pues otorga insuficiente atención al poder político y particularmente a las relaciones de clase (O’Laughlin 2004). El análisis de la pobreza se tiene que encuadrar en las relaciones de poder para ver cómo es que éstas reproducen continuamente la pobreza y son los obstáculos mayores para vencerla. Otra debilidad del esquema de modos de vida rurales es que tiende a ser atemporal sin lograr dar la atención suficiente a procesos históricos. Por ejemplo, no puede capturar el cambio estructural tan bien como las dinámicas de los hogares, en los que por ejemplo, miembros de la unidad doméstica emigran nacionalmente e incluso internacionalmente, a menudo definitivamente. Para superar esta debilidad, de Haan y Zoomers (2005, 45) desarrollan el concepto de ‘la senda de la estrategia de vida’ a la que definen como “una pauta de las actividades de la estrategia de vida que surge de un proceso de coordinación entre actores y emerge del comportamiento estratégico individual inserto en un repertorio histórico y en la diferenciación social, incluyendo las relaciones de poder y los procesos institucionales, los cuales juegan un papel en la toma de decisiones subsiguiente.”

Por otra parte, el enfoque de los modos de vida rurales tiende a encuadrarse dentro del contexto nacional y otorga insuficiente atención a la dimensión internacional de la pobreza.22 Con el proceso de liberalización y la consecuente integración de los países en el sistema capitalista global, esta dimensión se torna cada vez más importante y determina las limitaciones y oportunidades de las medidas para aliviar la pobreza. Pero a pesar de estas carencias, el enfoque de las estrategias de vida constituye un paso adelante en el análisis de la pobreza rural.


22 La necesidad de alejarse del ‘nacionalismo metodológico’ en los análisis del desarrollo y la pobreza está bien señalada por Gore (2000 y 2004).

Nuevas dimensiones en los estudios sobre la pobreza: Etnicidad y Género

Anteriormente los estudios sobre la pobreza difícilmente incorporaban a sus análisis las dimensiones étnica y de género. Esto constituía una falla mayor en la medida en que la pobreza y la vulnerabilidad son particularmente graves entre los grupos étnicos y las mujeres de las áreas rurales. Sin embargo, en la década pasada esta debilidad mayor en los estudios sobre la pobreza está siendo solventada, ya que tanto los estudiosos como los activistas y los diseñadores de políticas públicas crecientemente ponen atención en estas dimensiones de la pobreza. Sin duda la creciente movilización de los grupos indígenas y de las mujeres en pos de sus derechos y modos de vida es el factor que mejor explica este avance.
En la mayoría de los países latinoamericanos la pobreza tiene una dimensión étnica. Esta tiene sus orígenes en el periodo colonial con la opresión, despojo y explotación de la población indígena por los colonizadores españoles y portugueses. Después de la independencia los indígenas siguieron siendo discriminados y segregados al grado que el concepto de ‘colonialismo interno’ fue acuñado para dar cuenta de esta realidad.23 Desde hace dos décadas los indígenas han estado crecientemente organizados y a través de movilizaciones de masas han sido capaces de ganar algunos derechos sociales y políticos, aunque aún no la ciudadanía plena (Assies et al. 2000 y Assies et al. 2005). A pesar de estos logros, como lo expresa lapidariamente Figueroa (2003, 4): “la pobreza tiene un color de piel, un lenguaje, un lugar de origen y un lugar de residencia.”
No obstante, quizá se asume con demasiada facilidad que la mayoría de los pobres rurales están viviendo en las comunidades indígenas. Este es particularmente el caso en países con una amplia población indígena, como Bolivia, Ecuador, Guatemala y México; sin embargo, es erróneo asumir que todos los indígenas son pobres y que todos los no indígenas están fuera de dicha condición. Algunos programas de atención a la pobreza han fallado en alcanzar a un segmento significativo de los pobres rurales, debido a esta concepción equivocada (Bretón Solo de Zaldívar 2002). Muchos pobres rurales no indígenas trabajan como asalariados en la agricultura y en actividades no agrícolas bajo condiciones inseguras y a menudo viven en condiciones precarias en aldeas dispersas en el campo. Porque no parecen ser indígenas o porque no viven en comunidades indígenas, su pobreza es casi siempre invisible, por lo que resultan excluidos de los programas de combate a la pobreza. Ésta también puede ser una elección política deliberada en casos en que se puede obtener una mayor popularidad atendiendo a los indígenas, o bien el resultado de una mayor presión de las organizaciones indígenas. En décadas recientes el movimiento indígena se ha vuelto más activo y visible capturando la atención especialmente de las ONG con financiamiento foráneo, pero también de los programas gubernamentales.
La canalización de recursos a las comunidades indígenas como parte de programas contra la pobreza o de desarrollo rural, no necesariamente significa que todos los pobres, o sólo los pobres de esas comunidades se beneficien de ellos. Se ha observado que la diferenciación socioeconómica existe dentro de muchas comunidades y que a menudo los líderes y los grupos más acomodados son los principales beneficiarios de estos programas (ibid. 2002). Esto no significa que no deban dirigirse recursos a esas comunidades, sino que se debería estar consciente de sus limitaciones y de que quizá sea necesaria mayor focalización en los programas.




23 Para una discusión del concepto de colonialismo interno, ver Kay (1989, 58-87).


La pobreza también tiene un rostro femenino debido al carácter patriarcal de las sociedades latinoamericanas y a la discriminación contra las mujeres a varios niveles, tanto en el doméstico como en el de la economía más amplia, en términos de los mercados de trabajo, tierra y capital. Los grupos más vulnerables de la sociedad rural tienden a ser las mujeres solteras y los hogares de jefatura femenina. Una porción desproporcionada de ellos puede ser encontrada entre los indigentes y los pobres (ECLAC 2004, 133-169). Sin embargo, muchas mujeres en hogares de jefatura masculina también experimentan una mayor pobreza que otros miembros dentro del grupo doméstico, la llamada pobreza secundaria, debido a que las relaciones de poder domésticas son también de género (Chant 1999; Bradshaw y Linneker 2003).
Muchos proyectos de desarrollo rural, incluidos los del Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola (FIDA), cruzaron tres fases considerando su posición sobre las mujeres y el género (Ranaboldo y Canedo 1999). En la primera fase los proyectos de desarrollo dieron prioridad a los aspectos técnicos y productivos y la unidad familiar fue vista como una unidad de análisis sin hacer ninguna distinción dentro de ella. La asistencia técnica y otros elementos productivos del proyecto se dirigieron a los hombres asumiendo que ellos eran la cabeza del hogar y los principales, si no únicos, agricultores. El trabajo de las mujeres se asoció principalmente con la crianza de los niños y con actividades complementarias, como la pequeña horticultura, las artesanías, el procesamiento de alimentos y otros. En la segunda fase algunos de los proyectos tuvieron un componente específico para la mujer rural, buscando valorizar las actividades económicas de las mujeres. En la tercera fase el núcleo no es únicamente la mujer, sino el género ya que los proyectos buscan cambiar las relaciones desiguales entre mujeres y hombres. Así la dimensión de género es incorporada en todos los proyectos, en mayor o menor grado, buscando el empoderamiento de las mujeres. Sin embargo las mujeres rurales se distinguen por clases y por etnias, lo que debe ser tomado en cuenta en cualquier análisis y proyecto de desarrollo. También es cuestionable el grado en que las estructuras patriarcales de dominación en la sociedad pueden ser cambiadas significativamente a través de los proyectos de desarrollo de las ONG o de las agencias internacionales de cooperación como el FIDA.
Varios gobiernos latinoamericanos han implementado en las últimas décadas programas de titulación y registro de tierras ya que muchos minifundistas carecían de cualquier título de propiedad sobre los terrenos en los que cultivan y viven. Con esto se esperaba una mayor seguridad, inversión y mejoramiento del ingreso de las familias. Respondiendo a la presión del movimiento de las mujeres y de las organizaciones internacionales, muchos gobiernos también introdujeron la legislación que permite el registro conjunto de títulos de propiedad y tierra, es decir los certificados se publican en el nombre de marido y esposa, en vez de sólo en el nombre del marido como se hacía en el pasado. Se espera que esto mejorará la posición de negociación de las mujeres dentro del hogar así como el bienestar de mujeres y niños. Aunque se ha logrado algún progreso en incrementar la propiedad de la mujer sobre la tierra, sea individual o compartida, todavía hay mucho por hacer para mejorar el acceso de las mujeres a la tierra y otros recursos.24

24 Para el estudio más completo sobre la mujer y los derechos agrarios en América Latina, que se ha convertido en un clásico sobre el tema, ver Deere y León (2001). Ver también Deere (2001) y, más generalmente, Razavi (2003).


Los programas de ajuste estructural implementados en la mayoría de los países latinoamericanos y en mucho sostenidos por las instituciones financieras internacionales, fueron diseñados como la receta principal para resolver la crisis de deuda de la década de los 80 y lograr la estabilidad macroeconómica. Pero esto generalmente tuvo un efecto devastador sobre el campesinado y aumentó bruscamente la pobreza rural. Para lidiar con la crisis las familias rurales diversificaron sus actividades económicas, conduciendo a muchos de sus integrantes a emigrar, aun fuera del país, en busca de empleos e ingresos. Esto intensificó aún más el trabajo femenino. También el cambio hacia las exportaciones agrícolas no tradicionales ha aumentado las posibilidades para la ocupación temporal, especialmente para las mujeres. Así la participación actual de las mujeres rurales en el mercado de trabajo es, por mucho, más alta que en el pasado; pero hasta qué punto esto ha mejorado la posición de las mujeres dentro de la casa y su bienestar, queda por ser investigado pues las evidencias no son claras (Lara 1995, Barrientos et al. 1999, Razavi 2002, Deere 2005).
Ciertamente hay más cosas que decir sobre las relaciones de género y la pobreza en el campo, pero por el momento el punto que quiero establecer es que la pobreza de las mujeres debe ser analizada en el contexto de las relaciones económicas, sociales, políticas e ideológicas en los planos doméstico, local, nacional y global.

ESTRATEGIAS DE DESARROLLO Y ERRADICACIÓN DE LA POBREZA

¿Cómo reducir la pobreza y posiblemente superarla? Del análisis precedente se desprende que la pobreza es un fenómeno estructural. Aunque algunas medidas políticas como las redes de seguridad social, el trabajo para la alimentación, el empleo público y los programas de asistencia social quizá aminoren la pobreza en el corto plazo, en realidad son incapaces de resolver el problema de la pobreza por sí mismos. Primero, estas medidas tienden a ser temporales, o si se hacen permanentes parecen ser insustentables debido a su alto costo o a la falta de recursos para financiarlas. Segundo y más importante, estas medidas no atacan la naturaleza estructural de la pobreza y así cualquier mejora es reversible.
Capacidad del Estado y estrategias de desarrollo
Un requisito básico para tratar con las causas estructurales de la pobreza es diseñar y poner en marcha una estrategia de desarrollo apropiada. Sin embargo, aún tal estrategia de desarrollo puede fallar en resolver el problema de la pobreza, a menos que se hagan cambios en el sistema internacional en los niveles económico, social, político y cultural. ¿Cómo debería ser una estrategia de desarrollo? ¿Es posible encontrar algunas lecciones en las experiencias exitosas de desarrollo como las del primer grupo de los nuevos países industrializados (NIC´s por sus siglas en inglés) en el sudeste asiático, principalmente Corea del Sur y Taiwán? A lo más, es posible extraer algunas claves de estos países, ya que cada caso es hasta cierto punto extraordinario, dadas las características particulares de cada país, el contexto histórico y el ‘modelaje institucional’ (Boyd et al. 2006). Sin embargo, tales claves pueden contener lecciones poderosas e inspirar más pensamiento y acción ya que esos casos exitosos muestran que es posible derrotar el azote de la pobreza (Kay 2006).
Latinoamérica, habiendo comenzado su industrialización casi medio siglo antes, fracasó en vivir de acuerdo a su potencial pues en unas cuantas décadas perdió su ventaja histórica sobre los NIC´s del sudeste asiático. Mientras tanto, debido a las diferentes selecciones de políticas públicas tomadas por Corea del Sur y Taiwán, estos países fueron capaces de salir hacia adelante, sobrepasar económicamente a América Latina y eliminar la pobreza. ¿Cuáles son las causas principales que explican la diferencia en el desempeño entre los NICs asiáticos y Latinoamérica? Cuatro factores claves se pueden destacar.
Primero, Corea del Sur y Taiwán fueron capaces de diseñar una estrategia de desarrollo superior comparada con la más limitada estrategia de industrialización sustitutiva de importaciones (ISI) seguida por la mayoría de los países latinoamericanos. La estrategia de Corea del Sur y de Taiwán podría ser caracterizada como una de redistribución con crecimiento en la cual el Estado jugó un papel clave en conducir la economía otorgando protección e incentivos a los agricultores e industriales para estimular la inversión y la modernización de sus empresas. Además, el Estado hizo inversiones sociales significativas, especialmente en educación y salud. La estrategia se considera superior porque llevó a tasas consistentemente altas de crecimiento económico e ingresos crecientes, así como a la reducción de la desigualdad y la pobreza. También combinó hábilmente la ISI con la industrialización orientada a la exportación (EOI, por sus siglas en inglés) y logró la secuencia adecuada entre estas diferentes fases del proceso de industrialización. El Estado alentó a los empresarios a tomar ventaja plena del mercado internacional y lo que hoy se llamaría globalización.
Segundo, Corea del Sur y Taiwán desplegaron una capacidad estatal mucho mayor en comparación con América Latina. Por capacidad estatal u oficio estatal se significa la habilidad del Estado para diseñar y ejecutar estrategias y políticas públicas conducentes al desarrollo. Por ejemplo la habilidad del Estado para transformar el sistema de tenencia de la tierra y las relaciones sociales agrarias, tanto como para incentivar la iniciativa empresarial y una interacción positiva entre la agricultura y la industria, capaz de responder de manera flexible a las cambiantes circunstancias internas y externas. La deficiente capacidad u oficio estatal de América Latina, en comparación con Corea del Sur y Taiwán, se debe en parte a su estructura de clase más polarizada y atrincherada. El Estado en Corea del Sur y Taiwán demostró también una habilidad más grande en ‘gobernar el mercado’ que los países latinoamericanos, con la excepción obvia de Cuba.25
Tercero, Latinoamérica falló en crear una estructura agraria que fuera más conducente al crecimiento con equidad y en alcanzar una interacción de mutuo apoyo entre la agricultura y la industria. Corea del Sur y Taiwán realizaron una reforma agraria radical antes de que iniciara su proceso de industrialización, mientras tanto, pocos países latinoamericanos efectuaron alguna reforma agraria significativa.26 Además, los países latinoamericanos que introdujeron las reformas agrarias mayores, generalmente lo hicieron después de que habían empezado a industrializarse. Los gobiernos también fallaron al diseñar las medidas de soporte para el sector reformado, el cual así fue incapaz de despegar, a menudo colapsado y/o desmantelado mediante las medidas de contra-reforma.
Cuarto, la mejor habilidad de Corea del Sur y Taiwán en diseñar e implementar políticas comerciales, industriales y de recursos humanos apropiadas, es otro factor que explica su desempeño superior. Aunque Latinoamérica partió de un comienzo temprano con la industrialización, era incapaz de vencer con la rapidez suficiente las limitaciones de la ISI y cambiar a una estructura industrial más orientada a la exportación y a la competitividad.
Los cuatro factores identificados están todos en una estrecha interconexión. La buena fortuna de Corea del Sur y de Taiwán fue que ellos lograron desarrollar las uniones positivas entre ellos, mientras en América Latina estos factores estaban a menudo en conflicto. Mientras los NICs asiáticos triunfaron al crear una espiral virtuosa de reforzamiento mutuo entre estos factores, los países latinoamericanos fallaron en hacerlo.

25 La útil y gráfica expresión ‘gobernando el mercado’ fue acuñada, hasta donde sé, por Wade (1990). Ésta resalta el carácter social y político de los mercados (ver Polanyi 1944), comparado con la visión abstracta y economicista de los mercados que tienen los economistas neoliberales.
26 Varios autores enfatizan la importancia fundamental de la reforma agraria y la redistribución de activos en las experiencias exitosas de Corea del Sur y Taiwán, entre ellos Korzeniewicz y Smith (2000).

Pese a la fuerte transferencia neta inicial de recursos desde la agricultura a otros sectores económicos en Taiwán y Corea del Sur, la política gubernamental dejó suficientes incentivos económicos para que los campesinos alcanzaran una significativa producción y productividad agrícola. Al mismo tiempo, es importante para lograr el crecimiento sostenido que los recursos transferidos de la agricultura a la industria sean efectivamente utilizados en desarrollar una estructura industrial apropiada. La productividad industrial necesita incrementarse para ser capaz de financiar la acumulación de capital y los salarios eventualmente en aumento, una vez que el trabajo excedente proveniente de la agricultura se agota. Por lo tanto, el factor crítico para asegurar el crecimiento continuo es el logro de una mayor productividad en el uso de los recursos a lo largo de toda la economía, antes que la transferencia de recursos de un sector a otro. Esto no significa que tales transferencias quizá no sean importantes en ciertas etapas del proceso de desarrollo, o que deban ir siempre en una dirección. Lo que es vital es que cualquier transferencia hecha hacia cualquier dirección debe maximizar el crecimiento de la productividad a través de toda la economía, al mismo tiempo que salvaguarda la equidad. Para asegurar un proceso así, el Estado tiene que jugar un papel mayor a través de una estrategia apropiada de desarrollo, como ha sido señalado en los casos de Corea del sur y de Taiwan y también ha sido evidenciado por otras experiencias históricas (Chang 2002 y 2003).

Reforma Agraria: Necesaria pero no suficiente

El limitado acceso a la tierra de la mayoría de los campesinos de América Latina es una de las principales razones de la persistencia de la pobreza rural. Aunque la reforma agraria es una condición necesaria para alcanzar un desarrollo rural de base amplia, que reduce la pobreza y aumenta la equidad, no es una condición suficiente. Esta es una de las lecciones clave que pueden derivarse de las variadas experiencias de reforma agraria en América Latina durante la segunda mitad del siglo pasado.27 Para que una reforma agraria reduzca la pobreza y aumente la equidad es necesario que el Estado diseñe una serie de medidas de soporte para los beneficiarios (Barraclough 2001). Entre estas se encuentra la provisión de asistencia técnica, facilidades de crédito y mercadeo, así como incentivar a los beneficiarios de la reforma agraria a mejorar su productividad y cambiar a las actividades rurales y agrícolas más rentables. Una armazón de política macroeconómica de soporte, también se requiere para asegurar una reducción en la pobreza rural, así como una política no discriminatoria de precios agrícolas, un intercambio foráneo juicioso y políticas comerciales que protejan a los campesinos de la competencia injusta con el extranjero resultante de los subsidios masivos a los agricultores de muchos países desarrollados, etcétera. En esos países en los que una proporción significativa de los hogares campesinos deriva una parte importante de su ingreso de salarios ganados por algunos miembros de la familia, es necesario asegurar que las medidas políticas apropiadas y la legislación protejan a los trabajadores de los empleadores abusivos, así como del pago de salarios demasiado bajos y la falta de contribuciones a la seguridad social.
Además, el proceso de modernización agrícola hace que se incrementen las demandas de capital, trabajo y conocimientos. Se requieren más inversiones en nueva tecnología, infraestructura, así como en recursos humanos, para mejorar las habilidades y pericia técnica de la población rural. También la conservación o el mejoramiento de la fertilidad de la tierra demanda más inversiones. Así, aunque el acceso a la tierra es un primer paso necesario en la reducción de la pobreza, el acceso al capital se hace cada vez más importante para asegurar la competitividad de la empresa campesina (sea esta individual, cooperativa o colectiva) y su habilidad para generar ingresos adecuados para sus integrantes.

27Para panorámicas del legado de las reformas agrarias en América Latina, ver Barraclough (1994); Thiesenhusen (1995); Kay (1998); Baumeister (2001) y Alegrett (2003), entre otros.

Así, es crucial que el Estado garantice que los campesinos puedan tener un acceso adecuado al capital, ya sea proveyéndoles éste directamente o asegurando que el mercado privado del capital no discrimine a los agricultores campesinos y sea capaz de ofrecerles financiamiento razonable, o a través de una mezcla de fuentes públicas y privadas. De manera similar, el Estado tiene el deber de proporcionar acceso universal a una educación de buena calidad a todos los habitantes rurales en los niveles de primaria y secundaria, tanto como educación técnica en agricultura, silvicultura, manejo de recursos naturales y otros.
Aunque durante las décadas de los 1960s y 1970s la mayoría de los países latinoamericanos ejecutaron una variedad de reformas agrarias, éstas desaparecieron de la agenda política en la década de los 1980s e inicios de los 1990s, por razones políticas y por su incapacidad de satisfacer las (quizá irreales) expectativas que habían creado. Una de las razones claves de sus limitados resultados fue el fracaso de los gobiernos para proporcionar adecuadas medidas de apoyo como las ya mencionadas. A fines de la década de los 1990s estudiosos y políticos habían puesto nuevamente el tema agrario en la agenda política, influenciados por la creciente preocupación pública sobre la pobreza y también por la renovada movilización de los campesinos sin tierra y los pueblos indígenas por tierra y otros derechos. Aún el Banco Mundial ha reconocido la importancia del acceso a la tierra y sus ventajas para reducir la pobreza entre la población rural, de manera que ha propuesto políticas de reforma agraria “asistidas por el mercado” o “negociadas”, así como un conjunto de medidas de política agraria como el registro y la titulación de tierras (Deininger, 2001 y 2003; Deininger et al., 2003). Sin embargo, la experiencia de las reformas agrarias asistidas por el mercado ha sido más bien limitada, si no es que decepcionante, por decir lo menos (El-Ghonemy, 2001; Borras Jr., 2003a; Borras Jr., 2003b; Baranyi et al., 2004).
En la era actual de la globalización neoliberal, el clima político para las reformas agrarias radicales es más desfavorable que en el pasado, debido a que el papel y el poder del Estado están más limitados, mientras que es mayor el alcance y el poder de las fuerzas del mercado, así como de las que controlan la mayoría del capital, particularmente el capital financiero. Veltmeyer (2005, 292) no me hace justicia cuando escribe que hago eco del punto de vista de Lehmann (1978) acerca de ‘la muerte de la reforma agraria’ en Kay (2000). Ciertamente pienso que Lehmann fue enormemente prematuro en su juicio, aunque este sea un artículo pionero, ya que algunas reformas agrarias importantes se aplicaron poco después de que publicó su artículo, como en Nicaragua después de la revolución Sandinista. Sin embargo, la situación cambia subsiguientemente con la globalización neoliberal que a menudo ha tenido como resultado las contra-reformas. Así mis dudas se dirigieron en gran parte hacia las reformas agrarias colectivistas y estatistas, del tipo de las que se habían aplicado en el pasado llevando a la formación de un sector reformado en que las cooperativas de producción y las granjas estatales predominaron (Kay, 1999).
Mientras tanto, Leite (2006, 21) afirma que parezco haber recobrado la esperanza en algunos de mis escritos recientes (Borras, Kay y Akram-Lodhi, 2005). Indudablemente el resurgimiento de movimientos rurales, que yo ya había referido (Kay, 2000), levanta las esperanzas para reformas agrarias más radicales.28 Los movimientos campesinos en Brasil, en gran parte encabezados por el Movimento (Dos Trabalhadores Rurais) Sem Terra (MST) con su campaña de ocupaciones de tierra, ha sido capaz de lograr expropiaciones significativas de la tierra, principalmente de propiedades rurales grandes (Branford y Rocha, 2002). Además, el MST ha estado alentando la formación de granjas colectivas pero sólo consiguió parcialmente su objetivo pues muchos beneficiarios tienden a preferir, especialmente después de un período de transición, el establecimiento de granjas familiares.

28 El resurgimiento de los movimientos indígenas y campesinos está bien discutido por Petras (1997), Veltmeyer (1997), Petras y Veltmeyer (2001 y 2003), así como Moyo y Yeros (2005). Sin embargo se puede observar un declive relativo en estos movimientos en los años recientes.

No obstante, la organización de cooperativas de servicios entre los beneficiarios de la reforma agraria es común (Wright y Wolford, 2003). Pero la reforma agraria en Brasil como todavía no ha alcanzado la escala de reformas agrarias más tempranas, como los casos de México, Bolivia, Cuba, Chile, Perú y Nicaragua, tampoco ha sido capaz de erradicar la falta de tierra y la pobreza. El MST ha llegado a estar cada vez más frustrado en la falta del progreso de la reforma agraria, en relación a sus expectativas y a sus demandas, así como a las promesas hechas por el gobierno del Presidente Luiz Inácio "Lula" da Silva, quien fue electo sobre una plataforma reformista de centro-izquierda (Petras, 2005).

En el contexto neoliberal están siendo propuestas formas más amigables con el mercado para facilitar el acceso de los campesinos pobres y de los desposeídos a la tierra, como las promovidas por el Banco Mundial. Además de la ya mencionada reforma agraria asistida por el mercado, una serie de intervenciones políticas adicionales son especificadas por el Banco Mundial y otras organizaciones internacionales así como por algunas agencias de desarrollo. Estas incluyen crear las condiciones para un mercado de ventas de tierra y mercado de arrendamiento de tierra más transparente y accesible por medio de programas de registro y titulación de tierras, así como por otras medidas complementarias. Las políticas propuestas crearían un ‘campo de juego más nivelado’, reducirían los costos de la transacción, evitarían sobreprecios y facilitarían el acceso a la tierra, vía compra o arrendamiento, a un segmento más ancho de los pobres rurales, a la vez que alentaría la inversión, productividad e ingresos más altos, con lo cual se reduciría la pobreza.29
Sin embargo, las propuestas anteriores requerirían una serie de innovaciones institucionales, las cuales no siempre se especifican o tienen poca oportunidad de ser realizadas, como un aparato judicial más accesible y competente para resolver conflictos y para asegurar la conformidad con los contratos (Ghimire, 2001). Por supuesto, todas estas posibilidades alternativas para ampliar el acceso a la tierra deberían ser exploradas. Además, asegurar los derechos de propiedad a los minifundistas y grupos indígenas mediante programas de titulación de tierras puede, bajo las circunstancias correctas, reducir la vulnerabilidad y aumentar el bienestar (Carter 2003, Cotula et al.,2006, Hopkins et al. 2006). Pero, debido al contexto de mercado de estas políticas, es absolutamente necesario para el Estado aplicar una variedad de innovaciones institucionales que protejan los derechos adquiridos de campesinos y comunidades indígenas, así como proporcionar los recursos y los estímulos económicos para asegurar que tal proceso de ensanchamiento del acceso a la tierra adquiera el ímpetu suficiente para llegar a ser posible, sostenible e irrevocable. No obstante, como estableció convincentemente el decano de la teoría y práctica de la reforma agraria, el difunto Solon Barraclough (2005, 54):
“En los contextos de la mayoría de los países en desarrollo, tales reformas de derechos de propiedad son extremadamente difíciles. En las localidades donde más se necesitan, las estructuras locales del poder reflejan los intereses creados de las elites adineradas y no los de las mayorías de bajo ingreso. La legislación nacional y el Estado son teóricamente los últimos árbitros en las disputas sobre la propiedad. El Estado, sin embargo, depende del apoyo de grupos de intereses bien organizados extranjeros y de grupos domésticos adinerados. Su autonomía siempre está constreñida, aún cuando emprende estrategias de base popular con amplio apoyo público.”
Así es necesario ir más allá del énfasis neoliberal exclusivo sobre los mercados y diseñar políticas “amigables con la sociedad civil”, “comunitariamente amigables” o “públicamente amigables”, para aumentar los vínculos entre, y el compromiso activo de, la sociedad civil, las agencias de desarrollo y el Estado (Borras Jr., 2006, Merlet et al., 2006).

29 Uno de los libros más autorizados que explora las diversas posibilidades para acceder a la tierra y sus ventajas, fue escrito por de Janvry, Gordillo, Platteau y Sadoulet (2001). Para reseñas de este libro, ver Hopkins (2002) y Akram-Lodhi (2002). Para una perspectiva neoestructuralista sobre los mercados de tierras, ver Carter (2006).

Sin embargo, incluso si tales medidas políticas “amigables con la sociedad civil” para facilitar un resultado más en pro del pobre de la política agraria “amigable con el mercado” pudieran ser aplicadas, éstas en mi opinión estarían todavía lejos de ser suficientes para proporcionar el acceso a la tierra a la mayoría de los desposeídos y de los campesinos sin tierra. Por ello, perseveraría en mi propuesta para una más perentoria y ampliada reforma agraria. En mi opinión, las agencias internacionales y ONGs deben ayudar a las variadas organizaciones del campesinado y los trabajadores rurales a promover un clima favorable, social y político para estas más amplias y radicales medidas de redistribución de la tierra. Además, los movimientos sociales rurales necesitan combinar sus fuerzas con los movimientos sociales urbanos si van a lograr sus demandas por la tierra. Yo ciertamente comparto el sentimiento de Barraclough (1999, iii) de que “las reformas agrarias redistributivas todavía pueden jugar un papel crucial para aliviar la pobreza rural y promover el desarrollo sostenible con una base amplia.” Permítanos esperar que tales sentimientos lleguen a ser realidad.

REFLEXIONES FINALES

He intentado presentar algunos puntos clave con respecto al análisis de la pobreza rural, especialmente, aunque no exclusivamente, dentro del contexto latinoamericano. La mayor parte de estos asuntos sólo he podido delinearlos y requerirían un análisis más profundo. Sin embargo, la intención de este ensayo no es necesariamente proporcionar un análisis exhaustivo, sino estimular la reflexión, la discusión y aún más investigación en algunos de los temas presentados. Parte de los hallazgos principales del análisis previo, aunque no necesariamente todo, se podría resumir como sigue, a manera de conclusión.
La pobreza es un problema complejo con dimensiones múltiples: económicas, sociales, políticas, culturales y otras. La literatura del desarrollo se centra demasiado estrechamente en los factores económicos y brinda insuficiente atención a los factores sociales y sobre todo políticos de la pobreza. Se requieren medidas para la reducción de la pobreza en todos estos niveles para resolver el problema. Además la pobreza es una relación social empotrada en estructuras multivariadas particulares. La pobreza está siendo producida y reproducida por determinados sistemas económicos, sociales, políticos y culturales en los que la producción de riqueza también conduce a la producción de pobreza, tanto en el ámbito nacional como en el global. Así, para vencer a la pobreza y a la desigualdad es necesario cambiar tales sistemas mediante reformas mayores, como lo señalan los estructuralistas, las teorías de la dependencia y los movimientos altermundistas, entre otros.
La mayor integración de los países en desarrollo a la economía mundial mediante la liberalización comercial y financiera, no es la panacea para superar la pobreza. Ni las políticas neoliberales en el ámbito nacional, ni la integración en los mercados mundiales pueden ser la clave que conduzca a la reducción de la pobreza. El crecimiento económico y la dependencia exclusiva en el mecanismo de mercado y en el llamado efecto de “derrame o chorreo hacia abajo” nunca resolverán el problema de la pobreza. Aunque los PRSPs revelan un nuevo compromiso con la reducción de la pobreza, hasta ahora han fallado en sus objetivos, en gran parte debido a que están insertados dentro de una armazón neoliberal.
El crecimiento económico por sí mismo no será suficiente para reducir la pobreza significativamente, especialmente en el contexto latinoamericano que constituye la región más desigual del mundo, con el nivel más alto de concentración de la riqueza y del ingreso. Si América Latina tuviera la distribución del ingreso del Sudeste Asiático, la pobreza extrema se reduciría en un 80% (Burchardt, 2004, 127; IDB, 1998). Así es fundamental un acceso más igualitario y amplio a los activos, ya sean individuales o colectivos, para lograr una mayor reducción de la pobreza.43 En este sentido, el tema de la reforma agraria está lejos de estar cerrado, aunque debe ser planteado en el nuevo contexto y necesita ser complementado con una serie de medidas menos controvertidas que faciliten a los pobres rurales el acceso a la tierra y a otros recursos. Pero la redistribución de la riqueza no es una condición suficiente para la reducción sostenible de la pobreza, especialmente en el contexto globalizado de nuestros días. Se requieren también medidas económicas, sociales y políticas para alentar el crecimiento de la productividad, la innovación y la competitividad. También es esencial una arquitectura comercial y financiera internacional más igualitaria y adecuadamente regulada, para facilitar tales transformaciones dentro de los países en desarrollo.
El Estado continúa siendo esencial para resolver el problema de la pobreza. Los países en desarrollo que han seguido una estrategia de desarrollo de crecimiento con redistribución, han sido más exitosos en reducir la pobreza y la pobreza rural en particular (como resultado de una reforma agraria completa) que los países que han aplicado una estrategia de industrialización por sustitución de importaciones (que descuidó a los campesinos) o una estrategia neoliberal (que dejó el campesinado a merced de las fuerzas irrestrictas del mercado global). Es posible que una estrategia de desarrollo neoestructuralista, como la propuesta por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) ofrece, a pesar de sus limitaciones, la opción más viable en el actual contexto internacional para lograr una reducción significativa de la pobreza.44 Pero también hay indicios que “otro mundo es posible” el cual promete un ataque más frontal a la reducción de la pobreza.

43 Un argumento fuerte a favor de una redistribución mayor de recursos y específicamente de una reforma agraria está bien fundamentado por Hoffman y Centeno (2004). En su opinión el alto grado de desigualdad de América Latina reproduce no sólo la pobreza sino también el colonialismo interno, la debilidad de las estructuras del Estado y la dependencia de la región dentro del sistema mundial.



*Fuente: Revista De análisis Latinoamericana del Medio Rural, Num,4 –noviembre del 2006. Por razones de espacio solo se incluyen algunas secciones.